Crece la tensión en Ucrania

Todo comenzó cuando el pasado 21 de noviembre, el expresidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) y, a continuación, rubricó con el presidente ruso Vladímir Putin, un convenio que incluía la concesión de ayuda económica y una rebaja en el precio del gas ruso. Ambas medidas fueron muy mal recibidas por Estados Unidos y sus aliados europeos, que de inmediato alentaron por diversas vías a los opositores ucranianos, quienes como primer paso tomaron la plaza de la Independencia de Kiev proclamando consignas proeuropeas y en contra de Yanukóvich, al punto de cambiarle el nombre a la histórica plaza por el de Euromaidán (euro, por la UE, y maidán, que significa plaza).

A partir de ese instante se radicalizaron las manifestaciones y se extendieron a otras ciudades, y a pesar de que Víktor Yanukóvich acabó por promulgar una ley de amnistía para los detenidos en la revuelta, la protesta siguió adelante. Kiev vivió sus peores enfrentamientos a partir del 18 de febrero, cuando los manifestantes intentaron tomar el Parlamento y atacar varios edificios oficiales, acción que fue impedida por las tropas antimotines al costo de decenas de muertos.
Al día siguiente, el presidente Yanukóvich fue destituido por la Rada (Parlamento), que solicitó se le juzgara en La Haya por crímenes de lesa humanidad. La opositora Yulia Timoshenko, que estaba encarcelada, fue liberada, pero aclaró que no estaba interesada en ser cabeza de lista de su partido, Patria, por lo que su mano derecha, Alexándr Turchínov, fue nombrado presidente en funciones el 22 de febrero, mientras poco después Arseni Yatseniuk, también del partido Patria, fue designado primer ministro.
Como era de esperar, el recién constituido Gobierno ucraniano solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) 25.000 millones de euros y Yatseniuk se puso el clásico “parche” al declarar el 27 de febrero: “No tenemos más remedio que adoptar medidas extraordinariamente impopulares", achacándolo a la ruptura con Moscú y la casi segura interrupción del flujo financiero desde Rusia. La directora del FMI, Christine Lagarde, informó que un equipo del organismo comenzará a trabajar en Kiev para identificar las necesidades de Ucrania e iniciar un diálogo preliminar con las autoridades sobre un rescate.
Así las cosas, el 1 de marzo el mandatario ruso recibió la autorización del Parlamento para utilizar las tropas rusas en Crimea, atendiendo a "la situación extraordinaria en Ucrania y la amenaza que pesa sobre la vida de los ciudadanos rusos en dicha península". Asimismo fueron colocadas en estado de alerta las tropas rusas en el puerto ucraniano de Sebastopol, donde tiene su base la flota rusa del Mar Negro. Putin comentó que no descarta una intervención si el caos se apodera de Ucrania, aunque ha matizado que lo haría solo "como último recurso" para defender a la población ucraniana de las zonas del este y sur, aclarando que con respecto a Crimea, Rusia no pretende anexionar esa península.
En respuesta, las nuevas autoridades de Ucrania también pusieron en estado de alerta a su ejército, movilizaron a los reservistas, cerraron el espacio aéreo para vuelos no comerciales, y reforzaron la seguridad en torno a 15 reactores nucleares del territorio. Vale aclarar que unos 25.000 soldados ucranianos destacados en el este y sur de Ucrania no reconocieron el nuevo gobierno, tomando en cuenta que la mayoría de la población tampoco lo ha hecho y se ha declarado a favor del depuesto presidente Yanukóvich y de Rusia. 
Por último, Estados Unidos congeló las relaciones comerciales y militares con Moscú. Así, el vicepresidente Joe Biden, pidió a Rusia que facilite el despliegue inmediato de observadores internacionales en Ucrania, mientras que por vía telefónica el presidente Barack Obama le comunicó a su homólogo Vladimir Putin que intervenir militarmente en Crimea tendría como consecuencias la ausencia rusa de la cumbre del G-8 que se celebrará el próximo junio y un posible aislamiento económico y político.